NUESTRO VELEIDOSO SENADO NACIONAL

DANTE N. PINO ARCHONDO

La inconstancia, el capricho y la ligereza parecen adornar al cuerpo senatorial. Y es que de la acusación, la denuncia documentada y las afirmaciones categóricas de inconstitucionalidad, violación a las leyes y daño económico sustentable, pasan ahora al coqueteo, liviandad y la inconsecuencia, que nadie que tenga un poco de sangre en la cara podría dejar de sonrojarse.

Pero ellos no, hace rato que han dejado de tener vergüenza. Comenzando por el señor Carlos Ortiz Presidente del Senado Nacional, que en un amplio análisis jurídico de los decretos emitidos por el Gobierno, cuyas consecuencias derivan en inminentes daños económicos al interés nacional, y advertencias graves que fueron luego corroboradas por los hechos, termina firmando la Resolución Senatorial No 13/2009, que en sus partes dice y que nos proporcionó “hidrocarburosbolivia.com”

“Segundo. En base al informe emitido por la Comisión Especial Multipartidaria, aprobar

“in-extenso” el Título de determinación de posibles responsabilidades del ex Presidente

Ejecutivo de YPFB, Santos Ramírez Valverde, consistentes en la suscripción de

contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso

indebido de influencias y asociación delictuosa.

Asimismo, se determina la posible responsabilidad de las autoridades que se señalan a

continuación, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica:

a) Miembros del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

b) Ministros de Hidrocarburos (Carlos Villegas Quiroga, 17 del Septiembre de

2006 al 8 de Septiembre de 2008; y, Saúl Avalos Cortez, del 8 de Septiembre

al 8 de Febrero de 2009).

c) Ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce Catacora.

d) Superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa Copa”

Remarco la frase “posibles responsabilidades” es decir la Comisión que funge como cabeza de Ministerio Público, no ha encontrado indicios de responsabilidad sino posibles responsabilidades, lo que coloca a la Fiscalía en situación de desventaja. Gran favor a Santos Ramírez y Cía.

Me deja compungido todo el show mediático que hicieron, para llegar esto. Peo no solo se conforman con dejar señaladas las posibilidades de una responsabilidad aguada, sino que además complementan su frivolidad con algunas recomendaciones como esta:

“1. La necesaria aprobación de una Ley de Lucha Contra la Corrupción, el

Enriquecimiento Ilícito y la Investigación de Fortunas, que implemente

mecanismos de control eficiente de la gestión de los funcionarios públicos y

que respete los derechos humanos de los posibles responsables en el marco

de la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales

ratificados por Bolivia”

¿Por qué no aprobaron entonces la famosa ley MQSC de Investigación de Fortunas? ¿Qué clase de concesión graciosa es esta que le da al MAS la oportunidad de lavarse las manos, por la inexistencia de una ley que castigue la corrupción y que ahora se declara necesaria para evitarla? Continuemos con la resolución.

“5. Se recomienda también, revisar a profundidad las disposiciones tomadas por

el órgano Ejecutivo, relacionadas con la contratación directa, de modo que este procedimiento este sometido a controles anteriores, contractuales y

posteriores de las mismas”

Este punto es digno de colocarse en el panel de las estupideces jurídicas y políticas más originales. O sea, que luego de que se prueba la existencia de decretos ganzúa que dan paso a la corrupción institucionalizada en todo el aparato administrativo estatal, se concluye “recomendando” al Poder Ejecutivo “revisar las disposiciones tomadas, de modo que este procedimientos sea sometido a controles anteriores” ¡Pero si fueron esos controles anteriores los que se anularon con los decretos, por Dios!

“6. En relación a los fideicomisos, se recomienda la aplicación de normas de

registro, control y fiscalización de los existentes en la actualidad. Sugiere, a la

vez que en el futuro se estudie cuidadosamente la creación de un fideicomiso,

evitando que la multiplicidad de los mismos permitan irregularidades que

dañen a la economía del Estado”

Es decir, los 1.835.5 millones de dólares dispuestos por el Gobierno, fuera del control del SIGMA, sin estar registrado en las partidas presupuestarias y por tanto libres del polvo y paja para hacer con ellos lo que se viene haciendo en las empresas estratégicas, solo merece una recomendación jesucristiana, para que en el futuro se evite la multiplicidad que dañe la economía del Estado.

Si esto no es perdonarle al Gobierno todo el daño que hicieron, y desde luego, echar abajo la proposición acusatoria del Prefecto de Tarija Cossío y a la que se sumaron los Prefectos de la media luna, ¿qué es? Otra vez Tuto Querella, Carlos Ortiz, Guiteras y otros nos muestran su enorme capacidad para dañar los pasos que asumen los Prefectos de las autonomías, en una sórdida acción para desestabilizarlos.

Después de esta payasada nada podemos esperar de un grupito que habla mucho y hace poco.

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de napuco Publicado en 1