EL VEREDICTO


DANTE N. PINO ARCHONDO

Adelantamos durante las semanas anteriores, el resultado que iba a tener el juicio de la mentira, como lo denominé. Y digo de la mentira, porque está claro ahora luego de dos años, que nada se ha podido establecerse y nada se ha podido indagar para esclarecer la verdad.
La lectura de la sentencia, sin el sustento de una fundamentación, como debe ser, explicando el por qué se llega a ella y en base a qué criterios jurídicos se la aplica, es una demostración de que, el porqué, nunca interesó y que los ex generales como los dos ministros estaban condenados desde el primer día en el que se instauró la primera audiencia. Recuérdese que yo estuve presente en todas las audiencias hasta aquella en la que se me negó la prescripción del juicio por haberse llegado a los tres años sin haberse dictado la sentencia. En esa ocasión el Tribunal me dijo que el Código de Procedimiento Penal era solo un “referente” en este juicio. Lo que equivalía decir que ese Tribunal iba a aplicar “su criterio” para llegar a una definición.
Y así fue, aplicaron su “criterio” y dejaron a un lado la Constitución Política del Estado y el procedimiento establecido en el Código Penal. Nunca tuvieron una prueba que demostrara el genocidio sucedido, ni siquiera en esa curiosa versión de “masacre sangrienta” que no está reconocida en la calificación que se hace de genocidio. ¿Cómo se produjo el denominado genocidio?, ¿Quiénes participaron en el hecho?, ¿Se puede aplicar la definición de genocidio que dice: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político como tal con algún propósito particular”, en los hechos sucedidos durante septiembre y octubre del año 2003?
¿Por qué no se exigió a la Fiscalía que califique sus acusaciones señalando específicamente que hechos determinan que los Generales o Ministros hubieron participado en el genocidio? La respuesta es porque todo eso no importó nunca, sino el proceso político que representaba el juicio y la utilización de sus resultados en provecho de los administradores de justicia y de los actores políticos interesados en la sentencia.
La pobre Fiscalía hizo uso de un Decreto como prueba, un decreto que ordenaba el traslado de gasolina de Senkata a La Paz y que contenía la previsión de resarcimiento a los que transportaban esa gasolina, por una ruta, que era peligrosa, debido al uso de dinamita que se hacía por los activistas políticos que en esos días tenían el control de las calles. Fuera de ese Decreto no tenía nada más. Y ese Decreto, debe saber la opinión pública, fue proporcionado por Carlos Sánchez Berzaín, mediante intermediarios de su buffet, para que el juicio no sea contra tres: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc, sino contra todo el gabinete, buscando agrandar la cosa y así ser menos visibles a los verdaderos responsables de los hechos.
Y resulta una vergüenza, que la Fiscalía no haya en dos años, buscado otras pruebas que le dieran sustento a su acusación, y es que nunca hubieron, tal es la verdad, que existe la Resolución Fiscal 016/2004 que afirmó que el Estado hizo uso legal de la fuerza ante las acciones de desestabilización que se vivieron en esos días, esa resolución fue anulada por orden de Carlos Meza entonces Presidente, y ordeno la destitución de esos fiscales, para seguir con el juicio.
Luego vinieron estos dos años en los que el Tribunal le concedió a la Fiscalía el tiempo para que desfilaran supuestos ciudadanos que fueron víctimas, y digo supuestos, porque la fiscalía abrió un libro para que los que quisieran, puedan presentarse y declararse víctimas, a fin de recibir un resarcimiento que luego se produjo, por parte del Gobierno, con la condición de obtener su voto en las elecciones del 2005.
Eso ha sido todo. En este juicio nunca se dieron detalles ni hechos, ni sucesos que aclararan que pasó, y quienes decidieron los acontecimientos. Fue en realidad un pobre proceso manejado por pobres jueces, a los que para tenerlos disponibles, se les instauro procesos por prevaricato.
Y en este contexto, activistas que viajaron a Sucre para esperar la “sentencia” le dieron plazo al Tribunal hasta el 30 de Agosto para que la dicte. Y eso fue lo que hicieron. El día 30 leyeron la sentencia.
Y ciertamente esta sentencia comprueba que lo mal empieza mal acaba. Ni refleja lo demostrado en el proceso, ni expresa lo que realmente acusa. Parece decirles a los acusados, no sabemos de qué los sentenciamos, pero tenemos que hacerlo, porque en ello va nuestra cabeza. Este veredicto termina con la farsa de un juicio en el que los verdaderos responsables estuvieron ausentes.

Anuncios
de napuco Publicado en 1

Un comentario el “EL VEREDICTO

  1. No importa el “como” lo importante es que deben haber culpables para dar gusto a las “bases”, eso ya lo sabemos, la justicia manipulada pero y por el otro lado? los saqueos, los bloqueos, la destruccion del patrimonio nacional? cuando van a ser juzgados? asi como hablamos de “genocidio” no se tendria que hablar tambien de “sedicion”?
    Todo en este gobierno es un espectaculo

Los comentarios están cerrados.