NUEVO JUICIO POR OCTUBRE 2003 DANTE PINO ARCHONDO No es que uno tenga quiera ser repetitivo, pero me obligan a ello, cada vez que tenemos una declaración del señor Mayta, abogado de las víctimas de octubre 2003 u octubre negro como le gusta calificarlo, seguido de otras no menos destempladas como las del señor Roberto de la Cruz y Milton Mendoza, el fiscal del fracaso. Ante la posición oficial de los Estados Unidos rechazando un petitorio de extradición al Presidente Sánchez de Lozada, nos anuncian una nueva versión de juicio, pero esta vez acusando a Jaime Paz Zamora y a Manfred Reyes Villa en su calidad de Jefes de sus partidos y miembros de la coalición que gobernó al país los últimos 60 días de año 2003. Algo tardía la posición ¿no creen?, esperar tantos años, para a la hora nona, darse cuenta de que la responsabilidad política de ese gobierno no era de uno sino de tres. Este tardío despertar seguro lo encuentra aún dormido al Fiscal Uribe que nunca pidió la ampliación del juicio a caballeros tan importantes. Aunque uno de ellos está perseguido, el otro vive tranquilo en Tarija y nunca se le citó para que explicara que pasó, al contrario recibe de visita al principal acusador del juicio de responsabilidades y se presenta a los actos donde le convoca para ridiculizarlo en público. Lo cierto es que este juicio, que tiene al Alto Mando de entonces en la cárcel y a dos Ministros sentenciados con penas menores, lo que no impide que hayan aceptado haber cometido crímenes, por firmar un decreto, debería haber tenido desde su inicio en el estrado, a quienes administraron el conflicto y lo provocaron. Esto significa que un Fiscal medianamente lúcido tenía que haber abierto proceso contra: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Diego Meza Gisbert, Jaime Paz Zamora, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc y Guillermo Justiniano, como equipo político responsable en ese entonces y por otra parte a los señores: Evo Morales Aima, Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Antonio Peredo, Gustavo Torrico, Juan Ramón Quintana, como los operadores de la subversión. Esos debieron ser los convocados, y posiblemente se me va algún nombre, que usted puede agregar, pero lejos de ello los acusados fueron los que menos tenían que ver en todo el conflicto: Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Jorge Torres, Dante Pino, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, ¿no es para reírse o para llorar, que se incluya en este juicio a los Ministros cuyas carteras no tienen ninguna relación con la lucha armada que se desarrolló en esos días? Y el señor Mayta que ahora habla de ampliar juicios, no dijo esta boca es mía, ante la penosa audiencia que se reunió en la sala de la Corte Suprema de Justicia, al contrario parecía un justiciero acusando, levantando el dedo, advirtiendo y llevando activistas para amedrentar a una audiencia compuesta por los generales y dos ministros calladitos, al punto que uno recibió un puñete de Roberto de la Cruz en la misma sala de la Corte Suprema a vista y paciencia de los jueces, ellos sabían desde un inicio lo que les esperaba. Pero, a pesar de todo, esa sentencia, fue una vergüenza. No tuvo consistencia, ni claridad jurídica, porque todo lo que se presentó como prueba de genocidio fue un decreto que autorizaba la provisión de gasolina a la ciudad de La Paz. Y con ese decreto se armó todo un escenario de administración de la justicia digno de una comedia de burdel. Tiempos de aclaraciones, entonces. Y tiempos que ahora nos permiten mirar mejor lo acontecido. Lo que no podemos hacer es dejarles pasar, como dejamos entonces, sus provocaciones y conductas ilegales, que deben tener una respuesta en su momento.

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de napuco Publicado en 1