QUINIENTOS MILLONES CUESTA LA CUOTA


DANTE PINO ARCHONDO

Lo que cuenta en el manejo de la economía no son las intenciones sino los resultados. Bolivia tiene desde hace seis años una política económica pendular, contradictoria e ineficiente.

La afirmación de la ineficiencia se demuestra al comparar los niveles que han alcanzado las reservas internacionales y el superávit comercial con la conversión de la base económica extractiva en un proceso de industrialización estratégica. Los efectos originados por los precios internacionales de nuestras materias primas: gas y minerales, no han servido para mejorar la infraestructura productiva, para tener una base energética sólida y reconvertir la producción agrícola con el fin de lograr consolidar la soberanía alimentaria.

No se trata de propagandizar la cuantificación de las reservas internacionales o los superávit logrados, como si ellos en sí mismos lo fueran todo. Un gobierno serio habría utilizado esos superávit en un proceso de liberalización económica, basado en los cimientos de una economía que crea valor agregado y desarrolla las potencialidades que tenemos en nuestros factores productivos.

Lejos de ello, se regodean con cifras sin aplicar una política económica coherente. Es el caso de los hidrocarburos, cuyo trato ha sido la conversión de nuevos contratos con las empresas petroleras, por los cuales se viene pagando costes contables como retribución a su presencia administrativa sin ningún correlato en la inversión. Es el caso del proyecto para crear hierro en base a las reservas minerales que tenemos en el Mutún, un fracaso. Es el caso del proyecto del Litio, es el caso de las plantas de conversión gasíferas, es el caso de las minas “recuperadas” por la COMIBOL y que ahora arrojan perdidas y es el caso de las expropiaciones mineras con resultados nefastos para el erario nacional.

Ante un panorama tan desolador, tan deprimente, en el manejo económico, las ocurrencias parecen no tener fin, pero los objetivos, planes y estrategias brillan por su ausencia. Se gobierna con ocurrencias, no con políticas.

La última ha sido la colocación de 500 millones de dólares en el mercado del dinero, a una tasa anual de 4. 8 por ciento, es decir un endeudamiento absurdo que no es necesario y por el cual deberemos pagar, según el propio Ministro de Economía Arce 24 millones por año, es decir 240 millones en los diez años que tienen estos bonos de plazo. La mitad del dinero de estas colocaciones deberá devolverse como intereses. No solo esto, sino que el gobierno pide dólares al resto del mundo y en Bolivia aplica medidas monetarias que tienden a bolivianizar la economía, es decir a desincentivar el dólar para favorecer el boliviano, otra contradicción que no se explica. Y por último el uso de este dinero, no hay un proyecto concreto al cual está destinado esta deuda.

No debemos olvidar que con esta acción se hace a un lado a las AFPs en la obtención de rendimientos que aseguren mejores pensiones a los jubilados, cada año, los rendimientos son menores y por tanto pierden los trabajadores. De seguir así en diez años el sistema no resistirá la brecha entre la demanda de pensiones dignas y la oferta real de ellas.

Estamos ante un abuso irracional de los dineros del pueblo. Hace seis años que se realizan compras al amparo de un decreto que libera de la licitación respectiva y que ha sido usado en la compra de aviones presidenciales y satélites, en la conformación de empresas estatales que hasta ahora no dan resultados. Este paquete de malos manejos económicos si tendríamos un Congreso serio habrían ocasionado ya hace rato un juicio de responsabilidades al Presidente y su gabinete.

Hay corifeos que aplauden y hasta justifican el mal uso de los recursos del Estado. Y quieren hacernos creer que 500 millones de dólares no es nada, para recuperar la credibilidad de los inversores en Bolivia. Nada más lejos de la verdad. Si bien es cierto que existe inversiones buscando rendimientos altos, no lo es menos que la Constitución Política del Estado no garantiza estas inversiones en caso de controversias al inversor, pues este tendrá que sujetarse a la jurisdicción nacional. Y este pequeño detalle parece que no conocen los tomadores de estos bonos,  que se han contentado con mirar las cifras macro de la economía, una muestra más de la falta de honestidad de las calificadoras de riesgo que trabajaron en esta colocación.

Por último la contradicción política de un gobierno que reniega del capitalismo, que abjura de su filosofía, que pide al mundo acabar con el sistema y que a pesar de todo eso paga 500 millones de dólares para formar parte del club de los privilegiados. No necesitamos de mayores pruebas para demostrar que estamos ante un gobierno que no tiene coherencia alguna, que le miente al pueblo y le engaña con un discurso en los balcones y con otro en los pasillos palaciegos.

 

 

 

 

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¿DE QUE COLOR ES OCTUBRE?


DANTE PINO ARCHONDO

La paradoja de la historia: en octubre Hernán Siles Suazo recupero al democracia de las dictaduras militares y este mismo mes fue testigo de la ruptura del orden constitucional promovido por las oscuras sobras del narcotráfico.  Lo de Siles Suazo inauguraba el proceso democrático en Bolivia, lo de Evo Morales acababa con ese proceso e inauguraba los tiempos de cambio.

Son dos caminos distintos. El primero tuvo la grandeza de renunciar a su mandato para conservar las libertades que la democracia defiende. Porque la democracia no es solo el voto en las urnas, es libertad, tolerancia, institucionalidad, Estado de Derecho, donde la ley  es la base del orden social y estas libertades, así comprendió Siles Suazo, valen más que un año de gobierno. El segundo no quiere dejar el gobierno, y para ello, está dispuesto a violar la ley, vulnerar la Constitución Política que juró respetar y cumplir, le importa poco el cumplimiento de la ley (le mete nomás) y la intolerancia es su signo con el opositor al que busca destruir jurídica y físicamente.

No se puede decir que estamos viviendo la misma democracia o su continuidad. No estoy de acuerdo. Un sistema basado en el voto para perpetuar el gobierno de unos pocos, no es democracia, un sistema que abjura de la ley y que hace del capricho del Presidente la ley no es democracia, un proceso en el cual las instituciones son meros apéndices del Poder Ejecutivo, no es democracia, un Estado que decide tener ciudadanos de primera y de segunda no es democracia, es pura oclocracia, es solo una forma de gobierno de la muchedumbre y para la muchedumbre, es una degeneración de la democracia.

Por eso este 17 de octubre nos retrotrae a tiempos en los cuales la única obligación que teníamos era recuperarla.

Al igual que las dictaduras militares, el gobierno actual, busca culpables a su propia responsabilidad, al igual que ellos exilia, persigue, elimina a los que piensan distinto, usa del patrimonio nacional en favor de los amigos del Presidente, utiliza un lenguaje para la tribuna y otro en los escritorios del Palacio.

Es tiempo de parar la ambición equivocada de unos pocos, que pretenden perpetuarse en el gobierno usando la ley cuando le conviene y renegando de ella cuando no es así.

Porque es tiempo de que el gobierno comience a explicar que ha hecho con los billones de dólares que ha recibido por las exportaciones de gas y minerales. Debe explicar la multiplicación del patrimonio personal de sus Ministros, el enriquecimiento de unos cuantos empresarios adscritos a este proceso de cambio. Mientras los campesinos siguen produciendo con la tecnología del medio evo, las ciudades se llenan de mendigos, los niños no tiene escuela y las familias no tienen un techo.

No es poco lo que deben explicar y como no tienen argumentos para ello, la única manera de evitar dar esas explicaciones es prolongarse en el gobierno, tanta es la corrupción que se ha desatado en compras gubernamentales sin fiscalización y al amparo de decretos ilegales que solo de pensar en la abrir la caja de Pandora pierden la razón y atacan desesperados llevándose por delante la ley y a todo quien se ponga al frente.

El 17 de octubre del 2003 terminó la democracia y se inauguró la oclocracia, cuyo único objetivo para toda política práctica es extender y proteger a la coca y sus derivados.

 

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