EL FRAUDE DE LA NCIONALIZACION EN BOLIVIA

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DANTE N. PINO ARCHONDO

En Bolivia las nacionalizaciones tienen una larga historia. Las motivaciones siempre fueron políticas y sus resultados adversos. Desde aquella en 1923 durante el gobierno del general Toro con la Standard Oil Co. la realizada en 1952 por el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, a la minería, y la nacionalización a la Gulf Oil Co. en el gobierno del general Alfredo Ovando Candía todas tuvieron el sello de la recuperación del dominio y propiedad de los recursos económicos que pasaron a manos de las empresas nacionales que ejercieron estos derechos.

En todos estos casos se tuvo que indemnizar a las empresas y esos costos fueron tremendamente caros para el Estado. Esa parte de los resultados de las nacionalizaciones no se cuenta y sobre ellos poco se escribe, porque existe la creencia de que la nacionalización per se trae la bonanza económica que se llevan las empresas extranjeras. Todo aquel que se atreva a demostrar que fue un error hacerlo es tachado de antipatriota y entreguista.

La nacionalización se ha convertido entonces en una medida de corte patriótico sagrado. Es por sí misma un hecho de grandes proporciones que eleva a la categoría de héroes nacionales a sus mentores. La ultima nacionalización a la Gulf Oil Company que tuvo en Marcelo Quiroga Santa Cruz a su ideólogo y ejecutor en su calidad de Ministro de Minas y Petróleo, se convirtió en el ejemplo de lucha revolucionaria, que muestra la fuerza del Estado ejercida contra empresas transnacionales a las cuales se las puede vencer ejerciendo derechos.

Es esta nacionalización la que trató de imitar y evocar Evo Morales Aima como Presidente del Estado Plurinacional. Y así como Marcelo Quiroga llevo al Ejercito a tomar posesión de los campos petrolíferos de la Gulf, Evo Morales hizo lo mismo para ocupar las instalaciones de Petrobras, empresa petrolera brasilera, muy lejos de ser una transnacional imperialista.

En Bolivia existen dos categorías de Gobierno: los entreguistas y los nacionalizadores. Los primeros amigos del capital extranjero y los otros del nacional. Esta falsa dicotomía ha ganado terreno en la opinión pública y ha llevado al gobierno actual a creer que: nacionalizó el gas, recuperó la propiedad de los hidrocarburos y generó con ello toda la bonanza económica de estos diez años.

La capitalización de YPFB (yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos) durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo como objetivo, al amparo de la ley No 1689 eliminar los contratos de operación y asociación que se tenían por contratos de riesgo compartido, declarándose libres las actividades de transporte, refinación, comercialización, exportación e industrialización de la cadena productiva con el fin de obtener el concurso de empresas petroleras que invirtieran en ella y fueran supervisadas por YPFB quien suscribiría los contratos en nombre del Estado.

El gobierno del Presidente Morales desarmó esta ley con un Decreto Supremo No 28701 el 1ero de mayo del año 2006.asumiendo la recuperación del control total y posesión de la propiedad total de todos los hidrocarburos producidos en el país, transfiriendo a YPFB estos derechos y obligaciones en toda la cadena productiva. Con este decreto se dio por nacionalizado el gas.

Lo cierto es que no hubo una transferencia real del manejo de los campos hidrocarburiferos de manos de las empresas de nacionalidad americana, hispano – argentina, francés, británica y brasilera a manos de YPFB, como debía haber sido, sino una migración de contratos que modificaron los porcentajes de participación en la producción del gas, dejando la administración de los campos en manos de las mismas empresas, a las cuales YPFB les devuelve sus costos administrativos y los compradores del gas les abonan directamente sus utilidades.

Es decir YPFB no tiene el control efectivo de esos campos, no tiene capital para competir con las empresas contratadas, no puede obligarlas a invertir y no tiene recursos humanos para administrarlos. YPFB asume el simple papel de supervisor y cajero del Gobierno, a esto se redujo toda la denominada nacionalización.

Los resultados de esta maniobra legal de migración de contratos son, para ejemplo, los siguientes:

La capitalización dejó reservas gasífera probadas y probables entre 1995 y 2004 de 52.3 TCF. Estas reservas excedían a la demanda total externa e interna en 22.5 TCF es decir se proyectaban como suficientes y se tenían que buscar nuevos mercados para su explotación.

La nacionalización del Presidente Morales deja a Bolivia con 10.45 TCF al año 2013. Este resultado muestra una súper – explotación en estos diez años de los pozos de gas, como el de San Alberto que tiene una declinación del 20 por ciento actual, y nos deja con los campos de Margarita Y Río Grande atendiendo el mercado argentino.

YPFB ha gastado el 64 por ciento del total asignado a la exploración de nuevos pozos, sin razón que justifique este gasto, cuando debían ser las empresas petroleras las que realicen esta labor de riesgo tal cual se establecía en la capitalización. Lo peor es que hasta la fecha no encontró un solo pozo para su explotación.

Desde año 2006 las empresas extranjeras dejaron de invertir, debido a la falta de garantías jurídicas para casos de controversias y de un régimen impositivo que desalienta esa inversión.

Los compromisos de exportación del gas a la Argentina tienen actualmente rezagos en los niveles pactados. Bolivia debía enviarles un mínimo de 19.9 mm3d y apenas logra enviar 16.2, muy lejos de los 27.7 que estamos obligados a enviarles a partir del año 2021.

Si sumamos a esto los proyectos que el Gobierno ha prometido llevar a cabo como son: la separadora de Gran Chaco y Río Grande, las plantas de fertilizantes y Polipropileno. Simplemente no hay gas. Estos proyectos demandan más de 4.4mm3d. Por ello la producción de GLP que tiene mercados seguros en el Perú, Paraguay  y Uruguay no abastece y está trabajando a menos del 20 por ciento de su capacidad, tampoco este proyecto como el de Río Grande cuentan con propanaductos para transportar sus productos, lo hacen en cisternas encareciendo sus costos.

La producción de polipropileno en 250 mil toneladas anuales no tiene mercados pactados. Para producir esta cantidad tendríamos que estar vendiendo 27.7 mm3d a la Argentina. Esto no está sucediendo y como se ve no sucederá.

En cuanto a la planta de urea que debía producir 2.100 toneladas día, no tiene mercados y está ubicada en Bulo Bulo por capricho del Presidente Morales, y no en Puerto Suarez. Este absurdo solo demuestra la enorme ignorancia y falta de capacidad administrativa del Gobierno y de YPFB que juegan con los resultados de una política hidrocarburifera errática.

Como se puede ver la nacionalización por sí misma no es una buena medida, y cuando se la hace al calor de la emoción política lo que sucede es un desastre que golpeará al bienestar de los bolivianos.

En muy poco tiempo hemos dejado de ser una referencia hidrocarburifera y  vamos de un lado a otro tratando de cumplir con compromisos que se han puesto en duda por el Brasil que ahora pide a Bolivia le certifique sus reservas de gas para ver si se puede extender el contrato actual.

El gobierno del Presidente Morales desandando todo su discurso y actitud de prepotencia con el capital extranjero a quien tilda de expoliador le ofrece desesperado “incentivos”, viaja al corazón de capitalismo en Nueva York para exponer sus ventajas y casi está ahora de rodillas pidiendo que inviertan.

 

 

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de napuco Publicado en 1