LA VOLUNTAD DEL DICTADOR ES LEY

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DANTE N. PINO ARCHONDO

En tiempos distintos pero con el mismo hilo de afinidad, en Bolivia se resuelve declarar a personas sentenciadas por robo en territorio chileno como mártires y héroes mientras se encarcela a funcionarios de YPFB por corrupción y el Presidente Morales afirma que los desfalcos ocurridos en el Fondo de desarrollo Indígena son culpa de los técnicos contratados y no de los dirigentes sindicales que desviaron esos recursos a sus cuentas privadas. Es una muestra en síntesis de los once años de gobierno en el cual las prácticas de ilegalidad, corrupción y desprecio por la ley han sido recurrentes.

Los bolivianos están padeciendo un ciclo de inmoralidad y protección de la delincuencia oficial que solo son comparables con algunos gobiernos de los caudillos barbaros, en los cuales primaba la voluntad del dictador por encima de los derechos del ciudadano y de los intereses nacionales.

El desparpajo con el que el Presidente Morales viaja al exterior para rendir pleitesía a sus similares del club bolivariano, el uso de bienes públicos de aviones oficiales el servicio de ciudadanos extranjeros, la obligación de trasladar a niños de su escuela al museo de Orinoca donde se exponen sus hazañas como futbolista, el adoctrinamiento escolar para que se lea su biografía,  el gasto superfluo en cubres y reuniones de contenido ideológico sin ningún beneficio para la república y muchas expresiones de fanatismo personal con las cuales se ejerce una dictadura que  parece no alcanzar límites, tiene como anestesiada a la ciudadanía que últimamente tiende a festejar estas ocurrencias como si fueran caprichos pasajeros de niño mal educado.

Y es que en estos once años de uso del poder discrecional, la fortaleza de reacción social ha sido sometida mediante el uso de la justicia como instrumento de amedrentamiento y de sojuzgamiento sin clemencia. El gobierno ha demostrado tener una enorme capacidad para delinquir mediante el copamiento de las instituciones llamadas a fiscalizar sus actos, que incluyen a los órganos de control legal  y la misma Asamblea Nacional Legislativa. Amparado en estos escudos no ha dudado en desatar crímenes planificados con objetivos políticos como el caso Rozsa en Santa Cruz o la violenta quema de la Prefectura en Cochabamba para encarcelar al Gobernador de entonces Manfred Reyes Villa o las acciones de criminales con muertos en Cobija que terminaron con su gobernador Leopoldo Fernández en la cárcel, casos como estos ahora se conocen que fueron planificados y ejecutados con pleno conocimiento de la Presidencia y Vicepresidencia bolivianas.

Todo esto no es de conocimiento de la comunidad internacional lo que es lamentable porque le otorga al régimen un barniz que encubre una realidad distinta a la que se tiene el gobierno de Evo Morales.

En la actualidad aquellos periodistas que tuvieron el coraje de denunciar estos y otros hechos están en el exilio forzado o voluntario para evitar ser encarcelados o mantienen un silencio forzado para proteger a sus vidas y sus familias.

No se puede seguir callando la realidad boliviana sin convertirse en cómplice de un gobierno delincuencial.

 

 

 

 

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