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EL CAPITALISMO DE LOS SOCIALISTAS


riqueza

DANTE N. PINO ARCHONDO

Sin muchas vueltas aclaremos lo siguiente: si los precios en el mercado están sujetos a libre oferta y demanda estamos en un sistema capitalista, si las inversiones pueden realizarlas cualquier individuo o empresa legalmente establecida en el marco legal  vigente estamos en el marco de un sistema capitalista, si los salarios se fijan de acuerdo a la oferta y demanda del mercado laboral estamos en un sistema capitalista, si el Estado decide tener empresas invirtiendo en ellas pero compitiendo en el mercado con sus precios, estamos en un sistema capitalista, si la propiedad privada está garantizada por el Estado, estamos en un sistema capitalista,  díganme si todo esto no estuvo, está y seguirá estando vigente en los gobiernos anteriores y el actual, entonces ¿por qué se insiste en hablar de los gobiernos neoliberales y el actual como si el sistema y modelo no fuera el capitalismo?

Por mucho que se haya decretado una supuesta nacionalización del gas, el sistema capitalista de producción, inversión y precios se ha mantenido sin variaciones, la mera migración de contratos petroleros no ha significado un cambio del modelo económico durante este gobierno que ha seguido sujeto al mercado como asignador de recursos. El gobierno de Evo Morales tiene el mismo sello que los anteriores. El haber establecido limites a ciertos precios durante algún tiempo, o haber creado empresas con recursos del Estado no implica que en Bolivia se haya sustituido el capitalismo por el sistema socialista de producción.

La intervención del Estado en la economía lo que hizo fue perturbar el mercado distorsionando la oferta o la demanda, el caso del doble aguinaldo o el incremento al salario mínimo es un ejemplo o las prohibiciones temporales de exportación de ciertos productos, pero en lo sustantivo el modelo económico no ha sido tocado.

Es la razón por la cual cierta visión extranjera considera que el gobierno de Evo Morales manejó la economía mejor que los otros miembros del club denominado ALBA. Esta verdad no quiere ser reconocida por una ciega visión ideológica que se miente así misma y quiere convencer a la ciudadanía que cambiamos del modelo económico. Lo que ha sucedido es que el modelo que recibieron junto con los resultado de veinte años de políticas tendientes a fortalecer la economía se dejaron de lado y se establecieron otras que han tenido como resultado el gasto dispendioso e ineficiente de los recursos junto con una red de corrupción que ha manejado diez años de bonanza sin paralelo en la historia republicana.

No existe por tanto un antes y un después del MAS sino una continuidad mal manejada. El capitalismo ha sido y es parte de este gobierno.

Lo que sí ha cambiado es el discurso oficial renegando de lo que en realidad es. El anticapitalismo que pregona es cuando mucho un ladrido de perro callejero, el antimperialismo no es más que una pose de gallito de pelea bastante desnutrido y toda la propaganda de dignidad al haber expulsado al embajador norteamericano, la DEA y USAID no fueron sino actos de violencia diplomática para facilitar las operaciones del narcotráfico en Bolivia.

 

 

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LA VOLUNTAD DEL DICTADOR ES LEY


evo

DANTE N. PINO ARCHONDO

En tiempos distintos pero con el mismo hilo de afinidad, en Bolivia se resuelve declarar a personas sentenciadas por robo en territorio chileno como mártires y héroes mientras se encarcela a funcionarios de YPFB por corrupción y el Presidente Morales afirma que los desfalcos ocurridos en el Fondo de desarrollo Indígena son culpa de los técnicos contratados y no de los dirigentes sindicales que desviaron esos recursos a sus cuentas privadas. Es una muestra en síntesis de los once años de gobierno en el cual las prácticas de ilegalidad, corrupción y desprecio por la ley han sido recurrentes.

Los bolivianos están padeciendo un ciclo de inmoralidad y protección de la delincuencia oficial que solo son comparables con algunos gobiernos de los caudillos barbaros, en los cuales primaba la voluntad del dictador por encima de los derechos del ciudadano y de los intereses nacionales.

El desparpajo con el que el Presidente Morales viaja al exterior para rendir pleitesía a sus similares del club bolivariano, el uso de bienes públicos de aviones oficiales el servicio de ciudadanos extranjeros, la obligación de trasladar a niños de su escuela al museo de Orinoca donde se exponen sus hazañas como futbolista, el adoctrinamiento escolar para que se lea su biografía,  el gasto superfluo en cubres y reuniones de contenido ideológico sin ningún beneficio para la república y muchas expresiones de fanatismo personal con las cuales se ejerce una dictadura que  parece no alcanzar límites, tiene como anestesiada a la ciudadanía que últimamente tiende a festejar estas ocurrencias como si fueran caprichos pasajeros de niño mal educado.

Y es que en estos once años de uso del poder discrecional, la fortaleza de reacción social ha sido sometida mediante el uso de la justicia como instrumento de amedrentamiento y de sojuzgamiento sin clemencia. El gobierno ha demostrado tener una enorme capacidad para delinquir mediante el copamiento de las instituciones llamadas a fiscalizar sus actos, que incluyen a los órganos de control legal  y la misma Asamblea Nacional Legislativa. Amparado en estos escudos no ha dudado en desatar crímenes planificados con objetivos políticos como el caso Rozsa en Santa Cruz o la violenta quema de la Prefectura en Cochabamba para encarcelar al Gobernador de entonces Manfred Reyes Villa o las acciones de criminales con muertos en Cobija que terminaron con su gobernador Leopoldo Fernández en la cárcel, casos como estos ahora se conocen que fueron planificados y ejecutados con pleno conocimiento de la Presidencia y Vicepresidencia bolivianas.

Todo esto no es de conocimiento de la comunidad internacional lo que es lamentable porque le otorga al régimen un barniz que encubre una realidad distinta a la que se tiene el gobierno de Evo Morales.

En la actualidad aquellos periodistas que tuvieron el coraje de denunciar estos y otros hechos están en el exilio forzado o voluntario para evitar ser encarcelados o mantienen un silencio forzado para proteger a sus vidas y sus familias.

No se puede seguir callando la realidad boliviana sin convertirse en cómplice de un gobierno delincuencial.

 

 

 

 

¿BOLIVIA SOCIALISTA?


 

DANTE N. PINO ARCHONDO

Ya por allá en los años setenta, cuando la dictadura banzerista había culminado con el golpe del 21 de agosto de 1971, al gobierno del General Juan José Torréz González – que se debatía entre las fuerzas de la izquierda que exigían implantar la Asamblea popular y la derecha que le amenazaba frente a este intento – decidió usar el nacionalismo revolucionario como escudo de un proceso en el que el Estado seguía comandando la economía y el sector privado se constituía en su comodín pasivo.

A eso Marcelo Quiroga le denominó los siete años de farra militar empresarial, que tuvo luego que pagar el pueblo, al recuperar la democracia en 1978. La dictadura mantuvo el Capitalismo de Estado como proceso económico y uso de él en beneficio de una clase burguesa que desde entonces se acostumbró a medrar en licitaciones, compras estatales y políticas arancelarias y tributarias que les permitieran generar excedentes económicos, cuyo final era la expatriación de los mismos o el gasto en consumo suntuario.

Marcelo, Secretario Ejecutivo del PS-1 logró multiplicar el voto ciudadano en tres años de elecciones consecutivas, gracias a los golpes cívico – militares que se sucedieron para no entregarle el gobierno al Dr. Siles Suazo, colocándose como  la tercera fuerza política nacional, en clara tendencia de confrontación con ADN que resultó ser la segunda fuerza en ese año de 1979.

Este choque ideológico y programático que se vislumbraba en el corto plazo, representaba la polaridad política que iba a producirse entre el sistema del capitalismo de Estado y el socialismo marxista- leninista. Marcelo, no negaba su visión socialista que significaba el control del Estado de los medios de producción estratégicos: minería, petróleo, comercio exterior, banca y seguros, Nunca trató de engañar a su electorado que se multiplicaba exponencialmente, y siempre les dijo con claridad, que además de todo eso, él iba a socializar la educación y la medicina.

Esta claridad programática unida a su capacidad de expresión y didáctica política para interpretar el proceso boliviano desde el punto de vista materialista y dialectico, hacía que sus pasos tácticos en busca de la unidad de la izquierda no fueran de ninguna concesión al carácter programático que pretendía ejecutar.

Pero las balas asesinas truncaron a este líder en sus propósitos y determinaron que fuera la UDP, luego el MNR, luego el MIR y al final la ADN quienes, mediante pactos y alianzas impusieran el liberalismo económico como proceso de continuidad al capitalismo de Estado.

Queda entonces la incógnita de saber que hubiera sucedido de no haberse producido su asesinato el 17 de julio de 1980. Marcelo iba a ser gobierno. Eso parecía inevitable en aquel tiempo. Y claro se tenía ya la experiencia de lo sucedido a la Unidad Popular de Allende y el fracaso de la Asamblea Popular de 1970 – 71.

El proceso histórico ha tenido otro camino, y es el que ha demarcado al final los resultados que ahora estamos viviendo. En vez de socialismo tuvimos capitalización, participación popular y seguro universal materno-infantil. Ahí acabaron los avances sociales que permitió el sistema al pasar del Capitalismo de Estado a un liberalismo moderado, si somos realistas en la definición de las reformas.

El neoliberalismo, nunca existió en  Bolivia como lo hizo con las privatizaciones que se produjeron, por ejemplo, en la Argentina, Chile y México. Y así como nunca tuvimos un neoliberalismo ortodoxo, tampoco tendremos ningún tipo de socialismo marxista – leninista. El tiempo del centralismo político y económico pasó, el programa socialista de Marcelo ya no es aplicable ahora y las privatizaciones tampoco.

De ahí que el M.A.S. camina en círculos sin encontrar salida al surco que le lleva al mismo punto de partida. No puede aplicar un programa socialista y no le alcanza el tamaño para aplicar el liberalismo económico. Se contenta con ponerle etiquetas a sus acciones de corte liberal. Nacionaliza el gas, pero paga las acciones de las petroleras y les devuelve sus gastos mediante contratos lesivos al interés nacional. Quiere explorar y perforar pozos petroleros y termina expandiendo las pozas de maceración de la cocaína. Quiere dar educación y acaba enseñándoles a escribir su nombre a los analfabetos. Quiere desarrollar el área rural y termina dando plata para construir canchitas de futbol.

No tienen un programa, sino actitudes y etiquetas. Y con este equipaje de contradicciones, de delirios grandilocuentes, y vacíos profundos, se presentan ante el pueblo declarando que son los únicos que saben qué hacer con el país. Y el país en realidad no sabe que quieren hacer con él. Los candidatos oficialistas están muy despistados, pero disimulan bien, lo penoso de todo esto es que los candidatos de la oposición andan peor que ellos.

¿BOLIVIA SOCIALISTA?


 

DANTE N. PINO ARCHONDO

Ya por allá en los años setenta, cuando la dictadura banzerista había culminado con el golpe del 21 de agosto de 1971, al gobierno del General Juan José Torréz González – que se debatía entre las fuerzas de la izquierda que exigían implantar la Asamblea popular y la derecha que le amenazaba frente a este intento – decidió usar el nacionalismo revolucionario como escudo de un proceso en el que el Estado seguía comandando la economía y el sector privado se constituía en su comodín pasivo.

A eso Marcelo Quiroga le denominó los siete años de farra militar empresarial, que tuvo luego que pagar el pueblo, al recuperar la democracia en 1978. La dictadura mantuvo el Capitalismo de Estado como proceso económico y uso de él en beneficio de una clase burguesa que desde entonces se acostumbró a medrar en licitaciones, compras estatales y políticas arancelarias y tributarias que les permitieran generar excedentes económicos, cuyo final era la expatriación de los mismos o el gasto en consumo suntuario.

Marcelo, Secretario Ejecutivo del PS-1 logró multiplicar el voto ciudadano en tres años de elecciones consecutivas, gracias a los golpes cívico – militares que se sucedieron para no entregarle el gobierno al Dr. Siles Suazo, colocándose como  la tercera fuerza política nacional, en clara tendencia de confrontación con ADN que resultó ser la segunda fuerza en ese año de 1979.

Este choque ideológico y programático que se vislumbraba en el corto plazo, representaba la polaridad política que iba a producirse entre el sistema del capitalismo de Estado y el socialismo marxista- leninista. Marcelo, no negaba su visión socialista que significaba el control del Estado de los medios de producción estratégicos: minería, petróleo, comercio exterior, banca y seguros, Nunca trató de engañar a su electorado que se multiplicaba exponencialmente, y siempre les dijo con claridad, que además de todo eso, él iba a socializar la educación y la medicina.

Esta claridad programática unida a su capacidad de expresión y didáctica política para interpretar el proceso boliviano desde el punto de vista materialista y dialectico, hacía que sus pasos tácticos en busca de la unidad de la izquierda no fueran de ninguna concesión al carácter programático que pretendía ejecutar.

Pero las balas asesinas truncaron a este líder en sus propósitos y determinaron que fuera la UDP, luego el MNR, luego el MIR y al final la ADN quienes, mediante pactos y alianzas impusieran el liberalismo económico como proceso de continuidad al capitalismo de Estado.

Queda entonces la incógnita de saber que hubiera sucedido de no haberse producido su asesinato el 17 de julio de 1980. Marcelo iba a ser gobierno. Eso parecía inevitable en aquel tiempo. Y claro se tenía ya la experiencia de lo sucedido a la Unidad Popular de Allende y el fracaso de la Asamblea Popular de 1970 – 71.

El proceso histórico ha tenido otro camino, y es el que ha demarcado al final los resultados que ahora estamos viviendo. En vez de socialismo tuvimos capitalización, participación popular y seguro universal materno-infantil. Ahí acabaron los avances sociales que permitió el sistema al pasar del Capitalismo de Estado a un liberalismo moderado, si somos realistas en la definición de las reformas.

El neoliberalismo, nunca existió en  Bolivia como lo hizo con las privatizaciones que se produjeron, por ejemplo, en la Argentina, Chile y México. Y así como nunca tuvimos un neoliberalismo ortodoxo, tampoco tendremos ningún tipo de socialismo marxista – leninista. El tiempo del centralismo político y económico pasó, el programa socialista de Marcelo ya no es aplicable ahora y las privatizaciones tampoco.

De ahí que el M.A.S. camina en círculos sin encontrar salida al surco que le lleva al mismo punto de partida. No puede aplicar un programa socialista y no le alcanza el tamaño para aplicar el liberalismo económico. Se contenta con ponerle etiquetas a sus acciones de corte liberal. Nacionaliza el gas, pero paga las acciones de las petroleras y les devuelve sus gastos mediante contratos lesivos al interés nacional. Quiere explorar y perforar pozos petroleros y termina expandiendo las pozas de maceración de la cocaína. Quiere dar educación y acaba enseñándoles a escribir su nombre a los analfabetos. Quiere desarrollar el área rural y termina dando plata para construir canchitas de futbol.

No tienen un programa, sino actitudes y etiquetas. Y con este equipaje de contradicciones, de delirios grandilocuentes, y vacíos profundos, se presentan ante el pueblo declarando que son los únicos que saben qué hacer con el país. Y el país en realidad no sabe que quieren hacer con él. Los candidatos oficialistas están muy despistados, pero disimulan bien, lo penoso de todo esto es que los candidatos de la oposición andan peor que ellos.

¿BOLIVIA SOCIALISTA?


 

DANTE N. PINO ARCHONDO

Ya por allá en los años setenta, cuando la dictadura banzerista había culminado con el golpe del 21 de agosto de 1971, al gobierno del General Juan José Torréz González – que se debatía entre las fuerzas de la izquierda que exigían implantar la Asamblea popular y la derecha que le amenazaba frente a este intento – decidió usar el nacionalismo revolucionario como escudo de un proceso en el que el Estado seguía comandando la economía y el sector privado se constituía en su comodín pasivo.

A eso Marcelo Quiroga le denominó los siete años de farra militar empresarial, que tuvo luego que pagar el pueblo, al recuperar la democracia en 1978. La dictadura mantuvo el Capitalismo de Estado como proceso económico y uso de él en beneficio de una clase burguesa que desde entonces se acostumbró a medrar en licitaciones, compras estatales y políticas arancelarias y tributarias que les permitieran generar excedentes económicos, cuyo final era la expatriación de los mismos o el gasto en consumo suntuario.

Marcelo, Secretario Ejecutivo del PS-1 logró multiplicar el voto ciudadano en tres años de elecciones consecutivas, gracias a los golpes cívico – militares que se sucedieron para no entregarle el gobierno al Dr. Siles Suazo, colocándose como  la tercera fuerza política nacional, en clara tendencia de confrontación con ADN que resultó ser la segunda fuerza en ese año de 1979.

Este choque ideológico y programático que se vislumbraba en el corto plazo, representaba la polaridad política que iba a producirse entre el sistema del capitalismo de Estado y el socialismo marxista- leninista. Marcelo, no negaba su visión socialista que significaba el control del Estado de los medios de producción estratégicos: minería, petróleo, comercio exterior, banca y seguros, Nunca trató de engañar a su electorado que se multiplicaba exponencialmente, y siempre les dijo con claridad, que además de todo eso, él iba a socializar la educación y la medicina.

Esta claridad programática unida a su capacidad de expresión y didáctica política para interpretar el proceso boliviano desde el punto de vista materialista y dialectico, hacía que sus pasos tácticos en busca de la unidad de la izquierda no fueran de ninguna concesión al carácter programático que pretendía ejecutar.

Pero las balas asesinas truncaron a este líder en sus propósitos y determinaron que fuera la UDP, luego el MNR, luego el MIR y al final la ADN quienes, mediante pactos y alianzas impusieran el liberalismo económico como proceso de continuidad al capitalismo de Estado.

Queda entonces la incógnita de saber que hubiera sucedido de no haberse producido su asesinato el 17 de julio de 1980. Marcelo iba a ser gobierno. Eso parecía inevitable en aquel tiempo. Y claro se tenía ya la experiencia de lo sucedido a la Unidad Popular de Allende y el fracaso de la Asamblea Popular de 1970 – 71.

El proceso histórico ha tenido otro camino, y es el que ha demarcado al final los resultados que ahora estamos viviendo. En vez de socialismo tuvimos capitalización, participación popular y seguro universal materno-infantil. Ahí acabaron los avances sociales que permitió el sistema al pasar del Capitalismo de Estado a un liberalismo moderado, si somos realistas en la definición de las reformas.

El neoliberalismo, nunca existió en  Bolivia como lo hizo con las privatizaciones que se produjeron, por ejemplo, en la Argentina, Chile y México. Y así como nunca tuvimos un neoliberalismo ortodoxo, tampoco tendremos ningún tipo de socialismo marxista – leninista. El tiempo del centralismo político y económico pasó, el programa socialista de Marcelo ya no es aplicable ahora y las privatizaciones tampoco.

De ahí que el M.A.S. camina en círculos sin encontrar salida al surco que le lleva al mismo punto de partida. No puede aplicar un programa socialista y no le alcanza el tamaño para aplicar el liberalismo económico. Se contenta con ponerle etiquetas a sus acciones de corte liberal. Nacionaliza el gas, pero paga las acciones de las petroleras y les devuelve sus gastos mediante contratos lesivos al interés nacional. Quiere explorar y perforar pozos petroleros y termina expandiendo las pozas de maceración de la cocaína. Quiere dar educación y acaba enseñándoles a escribir su nombre a los analfabetos. Quiere desarrollar el área rural y termina dando plata para construir canchitas de futbol.

No tienen un programa, sino actitudes y etiquetas. Y con este equipaje de contradicciones, de delirios grandilocuentes, y vacíos profundos, se presentan ante el pueblo declarando que son los únicos que saben qué hacer con el país. Y el país en realidad no sabe que quieren hacer con él. Los candidatos oficialistas están muy despistados, pero disimulan bien, lo penoso de todo esto es que los candidatos de la oposición andan peor que ellos.

MASCA COCA PICO VERDE


DANTE N. PINO ARCHONDO

Tenemos treinta mil hectáreas de coca, es decir 18 mil más de las permitidas por la ley, que manda la mantención de doce mil en aquellas zonas declaradas como tradicionales en su cultivo y que se entiende son para atender el acullico de la población indígena que tiene esta costumbre.

Con una disposición de orden menor a la ley, el gobierno por decreto, decide elevar el número de hectáreas a veinte mil, lo hace porque le dio la gana, así de simple. O no tan simple, lo hace porque tiene que pagar el voto condicionado que le dieron. El hecho es que lo hace. Y la comunidad internacional, esa que antes echaba el grito al cielo, cuando los gobiernos anteriores no erradicaban el cupo que les asignaban y lanzaban denuestos y cortaban la ayuda, en señal de disconformidad con lo actuado, esa misma comunidad hoy día mira al cielo y se hace de la “vista gorda”.

Esto ayuda a los cocaleros en función de gobierno a proseguir con la expansión de la hoja de coca, que se han atrevido a declararla en la constitución política del Estado, como patrimonio nacional. Declaración que implica cuando menos que la hoja de coca no puede ser extinguida, menos erradicada y al contrario, debería ser cuidada y venerada allí donde crezca.

En otras palabras el narcotráfico tiene un país donde la coca es sagrada y patrimonio nacional, por tanto, tiene materia prima asegurada para su negocio. En este sentido, los dirigentes cocaleros, nombrados como funcionarios gubernamentales para, paradójicamente, asegurar que el Estado no incentive ni favorezca su cultivo y menos producción fuera de los alcances que la ley manda, han ideado nuevas condiciones, que les permitan hacer todo lo contrario a lo que la ley manda.

Y dicho y hecho. Ahora resulta que el 62 por ciento de la población boliviana acullica. Es decir, mastica coca en la boca y absorbe con la saliva sus componentes orgánicos. Como el 62 por ciento, para los extranjeros, puede parecer algo normal, o sea, cultural en Bolivia, ya que consideran a este país, como país de indígenas, que viven con plumas en la cabeza y lanzas en la mano, el porcentaje no resulta increíble, ni raro.

Partiendo de este porcentaje, el gobierno de la coca, mediante declaraciones de su senador: Vilca, del Vice Ministro de la coca: Cáceres y la misma Presidencia de la República, lanza la idea de que la expansión del cultivo de la coca, debe alcanzar las 30 mil hectáreas. Es que un gobierno como este, no puede dejar de escuchar la demanda y pedido del pueblo boliviano que en el 62 por ciento, dice, que mastica la hoja de coca.

De acuerdo a datos que se tienen en el blog de Ernesto Justiniano, en la producción de cocaína, hemos pasado de 113 en 1997 a 200 toneladas este año. Por eso las incautaciones de pasta básica subieron de 4 mil a 26 mil en el período 1998-2008 y las de cocaína cristalizada de 362 a 7.200 kilos.

Es decir a mayor producción de la hoja de coca, mayor producción de pasta básica y cocaína. Una relación directa, que se siente en los bolsillos de los cocaleros, en el Chapare, en los Yungas, sino, véase el tema de La Asunta, cuyo crecimiento exponencial de la coca, la sitúa como el segundo productor de los Yungas, que de la nada ahora tiene más de 4 mil hectáreas de coca.

Todo esto viene acompañado de una gratificante donación, que los cocaleros harán al candidato Evo Morales en coca para financiar su campaña. Pocos podrían dudar ahora, de las manos en las que ha caído el Estado Plurinacional, de los fines que persigue y de la economía en la que se sustenta.

No contentos con generar este escenario dibujado para hacer del Estado Plurinacional territorio libre del narcotráfico, comienzan a prepararnos para hacer un referéndum que pregunte a ese 62 por ciento por qué les dicen masca coca-pico verde.

 

MASCA COCA PICO VERDE


DANTE N. PINO ARCHONDO

Tenemos treinta mil hectáreas de coca, es decir 18 mil más de las permitidas por la ley, que manda la mantención de doce mil en aquellas zonas declaradas como tradicionales en su cultivo y que se entiende son para atender el acullico de la población indígena que tiene esta costumbre.

Con una disposición de orden menor a la ley, el gobierno por decreto, decide elevar el número de hectáreas a veinte mil, lo hace porque le dio la gana, así de simple. O no tan simple, lo hace porque tiene que pagar el voto condicionado que le dieron. El hecho es que lo hace. Y la comunidad internacional, esa que antes echaba el grito al cielo, cuando los gobiernos anteriores no erradicaban el cupo que les asignaban y lanzaban denuestos y cortaban la ayuda, en señal de disconformidad con lo actuado, esa misma comunidad hoy día mira al cielo y se hace de la “vista gorda”.

Esto ayuda a los cocaleros en función de gobierno a proseguir con la expansión de la hoja de coca, que se han atrevido a declararla en la constitución política del Estado, como patrimonio nacional. Declaración que implica cuando menos que la hoja de coca no puede ser extinguida, menos erradicada y al contrario, debería ser cuidada y venerada allí donde crezca.

En otras palabras el narcotráfico tiene un país donde la coca es sagrada y patrimonio nacional, por tanto, tiene materia prima asegurada para su negocio. En este sentido, los dirigentes cocaleros, nombrados como funcionarios gubernamentales para, paradójicamente, asegurar que el Estado no incentive ni favorezca su cultivo y menos producción fuera de los alcances que la ley manda, han ideado nuevas condiciones, que les permitan hacer todo lo contrario a lo que la ley manda.

Y dicho y hecho. Ahora resulta que el 62 por ciento de la población boliviana acullica. Es decir, mastica coca en la boca y absorbe con la saliva sus componentes orgánicos. Como el 62 por ciento, para los extranjeros, puede parecer algo normal, o sea, cultural en Bolivia, ya que consideran a este país, como país de indígenas, que viven con plumas en la cabeza y lanzas en la mano, el porcentaje no resulta increíble, ni raro.

Partiendo de este porcentaje, el gobierno de la coca, mediante declaraciones de su senador: Vilca, del Vice Ministro de la coca: Cáceres y la misma Presidencia de la República, lanza la idea de que la expansión del cultivo de la coca, debe alcanzar las 30 mil hectáreas. Es que un gobierno como este, no puede dejar de escuchar la demanda y pedido del pueblo boliviano que en el 62 por ciento, dice, que mastica la hoja de coca.

De acuerdo a datos que se tienen en el blog de Ernesto Justiniano, en la producción de cocaína, hemos pasado de 113 en 1997 a 200 toneladas este año. Por eso las incautaciones de pasta básica subieron de 4 mil a 26 mil en el período 1998-2008 y las de cocaína cristalizada de 362 a 7.200 kilos.

Es decir a mayor producción de la hoja de coca, mayor producción de pasta básica y cocaína. Una relación directa, que se siente en los bolsillos de los cocaleros, en el Chapare, en los Yungas, sino, véase el tema de La Asunta, cuyo crecimiento exponencial de la coca, la sitúa como el segundo productor de los Yungas, que de la nada ahora tiene más de 4 mil hectáreas de coca.

Todo esto viene acompañado de una gratificante donación, que los cocaleros harán al candidato Evo Morales en coca para financiar su campaña. Pocos podrían dudar ahora, de las manos en las que ha caído el Estado Plurinacional, de los fines que persigue y de la economía en la que se sustenta.

No contentos con generar este escenario dibujado para hacer del Estado Plurinacional territorio libre del narcotráfico, comienzan a prepararnos para hacer un referéndum que pregunte a ese 62 por ciento por qué les dicen masca coca-pico verde.

 

MASCA COCA PICO VERDE


DANTE N. PINO ARCHONDO

Tenemos treinta mil hectáreas de coca, es decir 18 mil más de las permitidas por la ley, que manda la mantención de doce mil en aquellas zonas declaradas como tradicionales en su cultivo y que se entiende son para atender el acullico de la población indígena que tiene esta costumbre.

Con una disposición de orden menor a la ley, el gobierno por decreto, decide elevar el número de hectáreas a veinte mil, lo hace porque le dio la gana, así de simple. O no tan simple, lo hace porque tiene que pagar el voto condicionado que le dieron. El hecho es que lo hace. Y la comunidad internacional, esa que antes echaba el grito al cielo, cuando los gobiernos anteriores no erradicaban el cupo que les asignaban y lanzaban denuestos y cortaban la ayuda, en señal de disconformidad con lo actuado, esa misma comunidad hoy día mira al cielo y se hace de la “vista gorda”.

Esto ayuda a los cocaleros en función de gobierno a proseguir con la expansión de la hoja de coca, que se han atrevido a declararla en la constitución política del Estado, como patrimonio nacional. Declaración que implica cuando menos que la hoja de coca no puede ser extinguida, menos erradicada y al contrario, debería ser cuidada y venerada allí donde crezca.

En otras palabras el narcotráfico tiene un país donde la coca es sagrada y patrimonio nacional, por tanto, tiene materia prima asegurada para su negocio. En este sentido, los dirigentes cocaleros, nombrados como funcionarios gubernamentales para, paradójicamente, asegurar que el Estado no incentive ni favorezca su cultivo y menos producción fuera de los alcances que la ley manda, han ideado nuevas condiciones, que les permitan hacer todo lo contrario a lo que la ley manda.

Y dicho y hecho. Ahora resulta que el 62 por ciento de la población boliviana acullica. Es decir, mastica coca en la boca y absorbe con la saliva sus componentes orgánicos. Como el 62 por ciento, para los extranjeros, puede parecer algo normal, o sea, cultural en Bolivia, ya que consideran a este país, como país de indígenas, que viven con plumas en la cabeza y lanzas en la mano, el porcentaje no resulta increíble, ni raro.

Partiendo de este porcentaje, el gobierno de la coca, mediante declaraciones de su senador: Vilca, del Vice Ministro de la coca: Cáceres y la misma Presidencia de la República, lanza la idea de que la expansión del cultivo de la coca, debe alcanzar las 30 mil hectáreas. Es que un gobierno como este, no puede dejar de escuchar la demanda y pedido del pueblo boliviano que en el 62 por ciento, dice, que mastica la hoja de coca.

De acuerdo a datos que se tienen en el blog de Ernesto Justiniano, en la producción de cocaína, hemos pasado de 113 en 1997 a 200 toneladas este año. Por eso las incautaciones de pasta básica subieron de 4 mil a 26 mil en el período 1998-2008 y las de cocaína cristalizada de 362 a 7.200 kilos.

Es decir a mayor producción de la hoja de coca, mayor producción de pasta básica y cocaína. Una relación directa, que se siente en los bolsillos de los cocaleros, en el Chapare, en los Yungas, sino, véase el tema de La Asunta, cuyo crecimiento exponencial de la coca, la sitúa como el segundo productor de los Yungas, que de la nada ahora tiene más de 4 mil hectáreas de coca.

Todo esto viene acompañado de una gratificante donación, que los cocaleros harán al candidato Evo Morales en coca para financiar su campaña. Pocos podrían dudar ahora, de las manos en las que ha caído el Estado Plurinacional, de los fines que persigue y de la economía en la que se sustenta.

No contentos con generar este escenario dibujado para hacer del Estado Plurinacional territorio libre del narcotráfico, comienzan a prepararnos para hacer un referéndum que pregunte a ese 62 por ciento por qué les dicen masca coca-pico verde.

 

MASCA COCA PICO VERDE


DANTE N. PINO ARCHONDO

Tenemos treinta mil hectáreas de coca, es decir 18 mil más de las permitidas por la ley, que manda la mantención de doce mil en aquellas zonas declaradas como tradicionales en su cultivo y que se entiende son para atender el acullico de la población indígena que tiene esta costumbre.

Con una disposición de orden menor a la ley, el gobierno por decreto, decide elevar el número de hectáreas a veinte mil, lo hace porque le dio la gana, así de simple. O no tan simple, lo hace porque tiene que pagar el voto condicionado que le dieron. El hecho es que lo hace. Y la comunidad internacional, esa que antes echaba el grito al cielo, cuando los gobiernos anteriores no erradicaban el cupo que les asignaban y lanzaban denuestos y cortaban la ayuda, en señal de disconformidad con lo actuado, esa misma comunidad hoy día mira al cielo y se hace de la “vista gorda”.

Esto ayuda a los cocaleros en función de gobierno a proseguir con la expansión de la hoja de coca, que se han atrevido a declararla en la constitución política del Estado, como patrimonio nacional. Declaración que implica cuando menos que la hoja de coca no puede ser extinguida, menos erradicada y al contrario, debería ser cuidada y venerada allí donde crezca.

En otras palabras el narcotráfico tiene un país donde la coca es sagrada y patrimonio nacional, por tanto, tiene materia prima asegurada para su negocio. En este sentido, los dirigentes cocaleros, nombrados como funcionarios gubernamentales para, paradójicamente, asegurar que el Estado no incentive ni favorezca su cultivo y menos producción fuera de los alcances que la ley manda, han ideado nuevas condiciones, que les permitan hacer todo lo contrario a lo que la ley manda.

Y dicho y hecho. Ahora resulta que el 62 por ciento de la población boliviana acullica. Es decir, mastica coca en la boca y absorbe con la saliva sus componentes orgánicos. Como el 62 por ciento, para los extranjeros, puede parecer algo normal, o sea, cultural en Bolivia, ya que consideran a este país, como país de indígenas, que viven con plumas en la cabeza y lanzas en la mano, el porcentaje no resulta increíble, ni raro.

Partiendo de este porcentaje, el gobierno de la coca, mediante declaraciones de su senador: Vilca, del Vice Ministro de la coca: Cáceres y la misma Presidencia de la República, lanza la idea de que la expansión del cultivo de la coca, debe alcanzar las 30 mil hectáreas. Es que un gobierno como este, no puede dejar de escuchar la demanda y pedido del pueblo boliviano que en el 62 por ciento, dice, que mastica la hoja de coca.

De acuerdo a datos que se tienen en el blog de Ernesto Justiniano, en la producción de cocaína, hemos pasado de 113 en 1997 a 200 toneladas este año. Por eso las incautaciones de pasta básica subieron de 4 mil a 26 mil en el período 1998-2008 y las de cocaína cristalizada de 362 a 7.200 kilos.

Es decir a mayor producción de la hoja de coca, mayor producción de pasta básica y cocaína. Una relación directa, que se siente en los bolsillos de los cocaleros, en el Chapare, en los Yungas, sino, véase el tema de La Asunta, cuyo crecimiento exponencial de la coca, la sitúa como el segundo productor de los Yungas, que de la nada ahora tiene más de 4 mil hectáreas de coca.

Todo esto viene acompañado de una gratificante donación, que los cocaleros harán al candidato Evo Morales en coca para financiar su campaña. Pocos podrían dudar ahora, de las manos en las que ha caído el Estado Plurinacional, de los fines que persigue y de la economía en la que se sustenta.

No contentos con generar este escenario dibujado para hacer del Estado Plurinacional territorio libre del narcotráfico, comienzan a prepararnos para hacer un referéndum que pregunte a ese 62 por ciento por qué les dicen masca coca-pico verde.